Se necesitan iniciativas normativas que faciliten la mediación con las Administraciones Públicas

Concepto de justicia

La situación judicial derivada de la pandemia hace prever un incremento de entada de asuntos próximos al 125% en la jurisdicción contencioso administrativa, según las previsiones del Ministerio de Justicia.

Nuestro sistema legal hace que la introducción de la mediación, la negociación y en general los MASC (Métodos Alternativos de Solución de Conflictos) sea más compleja en el ámbito administrativo, que en otros como el civil o mercantil, fundamentalmente por la limitación de la capacidad negociadora de las Administraciones Públicas. Es por ello, por lo que se hace necesario impulsar desde los Poderes Públicos una iniciativa normativa que permita la adaptación de la regulación administrativa a una gestión consensual de las discrepancias entre el ciudadano y el Estado.

La implantación de soluciones amistosas en el ámbito administrativo implica transformar la relación Administración-ciudadano de unidireccional en bidireccional a través del diálogo y la negociación. Y cada vez se hace más necesario buscar el equilibrio entre el interés general y la situación y posibilidades reales de cada ciudadano. Es este un camino, en el que existe mucha experiencia en otras jurisdicciones más proclives a la solución consensuada de las diferencias con las Administraciones Públicas. En definitiva, jurisdicciones que buscan una solución real, de posible cumplimiento y definitiva de los conflictos que se generen entre los posibles intereses contrapuestos entre el ciudadano y la Administración. Y es precisamente en aquellos países donde se entiende como un reflejo de buena gobernanza contar con una Administración Pública, pragmática, integradora, negociadora y, por ende, más próxima a la salvaguarda de los intereses generales.

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